El proyecto busca proteger el suelo de conservación, uso de suelo habitacional, agua y derechos sociales.
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac exigió que se reponga el proceso de consulta para el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y el Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México.
‘Manifestamos el rechazo a esta nueva imposición por las consecuencias negativas que esto significa en un futuro próximo. Lo que ha hecho el Gobierno es reducir aún más el derecho a la consulta, ya ni siquiera como una formalidad a cumplir, sino como un estorbo que puede ser saltado en caso de que sea problemático para el Gobierno. En consecuencia, consideramos que el proceso debe reponerse a fin de garantizar el derecho de todos los pueblos y barrios a decidir sobre la forma de organizar el territorio y defender sus bosques, aguas y tierras’, señalaron en un comunicado.
La organización conformada por residentes de pueblos y barrios originarios de varias alcaldías como:
- Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Iztacalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, entre otras, amagaron con interponer amparos para evitar que el Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso capitalino aprueban los documentos que, dijeron, excluyen a los pueblos y barrios originarios.
‘Invitamos a los pueblos y barrios originarios a realizar asambleas informativas para cuestionar la finalización de la consulta, así como para analizar el contenido de estos nuevos documentos, mientras que preparamos movilizaciones tanto en la Jefatura de Gobierno como en el Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, preparamos demandas de amparo en contra del sistema de registro y la exclusión de los pueblos, las cuales se entregarán la siguiente semana’, indicaron.
Este lunes funcionarios del Instituto de Planeación, junto con el secretario de gobierno, Martí Batres, presentaron los proyectos del PGD y del PGOT, que le serán entregados a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Posteriormente, se someterán a votación del Congreso de la Ciudad de México y sólo si son aprobados, se convertirán en ley.
‘El Gobierno con el anuncio de ayer (lunes) pretende dos cosas, desplazar la discusión hacia el Congreso de la ciudad, y posteriormente, hacia los programas de ordenamiento territorial por alcaldías, con el fin de que la problemática política no incida en la misma Jefatura de Gobierno, pero al hacerlo, al poner por encima sus cálculos electorales, ha sentado un mal precedente. Pese a que el derecho de consulta existe, el Gobierno ha demostrado que puede decidir unilateralmente dar por concluida una consulta, no consultar a todos los pueblos y barrios, y, aun así, presumir el proceso y buscar su inmediata aprobación’, señalaron.
FUENTE: EXCELSIOR.
