El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Luis Fernando Rentería Barragán, se enfrenta a una nueva controversia legal. Esta vez, una ex empleada de la CEDH, Yracema Bojórquez Encinas, ha presentado una denuncia por discriminación de género en su contra.
Bojórquez Encinas afirma que fue obligada a firmar su renuncia y desalojada ilegalmente de su puesto de trabajo después de regresar de una licencia sin sueldo para recibir tratamiento de fertilidad. Alega haber sido relegada de sus funciones y sufrir discriminación, lo que afectó su bienestar emocional. Además, después solicitó una nueva licencia, la cual le fue negada sin explicación alguna.
A pesar de ganar su caso en el ámbito laboral, Bojórquez Encinas busca ahora justicia a través del sistema penal. Esta no es la primera vez que Rentería enfrenta acusaciones de discriminación. Anteriormente, Andrea Escalante Antillón, titular del Órgano Interno de Control de la CEDH, denunció la negación de información necesaria para su trabajo mientras estaba embarazada, atribuyendo estas acciones a órdenes directas del presidente de la Comisión.
Estas acusaciones plantean serias interrogantes sobre la coherencia de una institución encargada de proteger los derechos humanos. El Congreso, ante esta situación, deberá considerar seriamente la posibilidad de destituir a Rentería si las denuncias se corroboran.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha tomado relevancia mediática estos últimos días por la serie de irregularidades que han sido denunciadas públicamente por Noelia Bernal, madre de la menor de años que presuntamente abusada en el colegio Liceo San Agustín en Hermosillo. Ella denunció en una entrevista en Proyecto Puente una experiencia desagradable y traumática para ella y su hija que se suscitó en las instalaciones de dicha institución, donde un médico revisó fuera de protocolo la zona íntima de la menor.
