La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció la ejecución de un megaoperativo nacional en 14 estados del país, mediante el cual se logró la clausura de 31 obras ilegales ubicadas en ecosistemas costeros, incluyendo manglares, dunas, playas y zonas federales marítimo-terrestres.
De acuerdo con la dependencia, el operativo se llevó a cabo del 27 al 31 de octubre de 2025, con la participación de 151 elementos entre inspectores federales, personal técnico y fuerzas de apoyo. Las acciones se concentraron en 50 sitios a lo largo del litoral mexicano, de los cuales 37 correspondían a obras y desarrollos dentro de ecosistemas costeros, mientras que 13 se ubicaban en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), una franja protegida por ley.
Las inspecciones revelaron construcciones, rellenos, caminos y obras turísticas sin autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En varios casos, las intervenciones humanas habían modificado el ecosistema natural, afectando manglares, pastos marinos y dunas que actúan como barreras naturales contra huracanes y marejadas.
Entre los estados con mayores afectaciones, Profepa destacó los casos de Baja California, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde se documentaron daños severos a áreas de alta importancia ecológica.
En Baja California, fue clausurado un predio en Ensenada por abrir un camino irregular hacia un sitio de extracción de materiales pétreos, afectando 1.5 hectáreas de matorral rosetófilo.
En Campeche, las autoridades detectaron relleno de manglares y construcción de plataformas dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, una de las más importantes del país.
Mientras que en Quintana Roo, Profepa intervino para retirar anclas de embarcaciones colocadas sobre pastos marinos, ecosistemas protegidos que sirven como refugio para peces y tortugas.
En Yucatán, la institución clausuró cinco desarrollos inmobiliarios por afectar dunas y matorrales costeros, incluso dentro del Área Natural Protegida Ría Celestún.
Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de Protección al Ambiente, destacó que este operativo “marca un precedente en la defensa del patrimonio natural costero de México”, y aseguró que la vigilancia continuará reforzándose para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.
“Los ecosistemas costeros son esenciales para la vida, la economía y la protección de nuestras comunidades. No podemos permitir que se destruyan por obras irregulares o intereses particulares”, subrayó Boy.
La funcionaria explicó que la degradación de los manglares y dunas tiene consecuencias graves, como la pérdida de biodiversidad, el aumento del riesgo ante fenómenos naturales y la afectación a miles de familias que dependen del turismo y la pesca.
Profepa informó que las obras clausuradas podrían enfrentar sanciones económicas que van desde los 50 mil hasta los 20 millones de pesos, además de la obligación de restaurar los daños ambientales provocados en cada sitio.
El operativo, según la dependencia, forma parte de la Estrategia Nacional de Protección a Ecosistemas Costeros 2025, la cual busca detener la urbanización descontrolada y garantizar el uso sustentable del territorio costero mexicano.
Finalmente, Profepa reiteró su compromiso con la ciudadanía para combatir la impunidad ambiental y preservar los recursos naturales que son vitales para el futuro del país.
“Proteger nuestras costas es proteger la vida”, concluyó la procuradora.
