El diputado local de Morena, Pedro Haces Lago, presentó una iniciativa que busca que todos los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes menores de 18 años sean perseguidos de oficio, sin necesidad de una denuncia presentada por familiares o tutores.
Motivo de la propuesta
El legislador explicó que el propósito es evitar que las infancias queden atrapadas en entornos de violencia sin acceso a la justicia, sobre todo cuando el agresor pertenece al núcleo familiar.
“¿Cómo pedirle a un niño que denuncie a quien le da de comer, pero también le causa daño?”, cuestionó Haces Lago.
Actualmente, delitos como violencia familiar, lesiones, amenazas o abandono solo pueden investigarse si la madre, el padre o el tutor presentan una querella, lo que —según el diputado— deja a miles de menores en ciclos de violencia, silencio e impunidad.
Cambios al Código Penal
La propuesta plantea incorporar un nuevo capítulo al Código Penal local, estableciendo que:
“Tratándose de delitos cometidos en perjuicio de personas menores de 18 años, la acción penal será perseguida de oficio, independientemente de la naturaleza del delito o de la relación existente entre la víctima y la persona imputada.”
Esto permitiría al Ministerio Público iniciar una investigación automática al tener conocimiento de un delito contra un menor, sin depender de una denuncia formal.
Enfoque y objetivo
El diputado aclaró que la intención no es castigar más, sino proteger mejor.
“Esta iniciativa no busca endurecer la ley, sino humanizarla. No busca castigar más, sino proteger mejor”, afirmó.
La reforma se enfoca en la prevención y la intervención temprana del Estado, reforzando la responsabilidad institucional frente a la violencia infantil.
Importancia de la medida
- Permitiría al Estado actuar sin que las familias tengan que denunciar.
- Facilitaría la protección de menores en entornos violentos.
- Rompería los ciclos de impunidad en casos de maltrato infantil.
- Fortalecería la respuesta del sistema de justicia ante agresiones a menores.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión en el Congreso local, y de aprobarse, representaría un cambio estructural en la forma de investigar los delitos cometidos contra menores en México.
