a llamada Ley PERRY, acrónimo de Protecting Elder Realty for Retirement Years Act (Ley de Protección de Bienes Raíces para Personas Mayores durante la Jubilación), fue propuesta en 2023 debido a algunas acciones cuestionables que tuvo en Katy Perry contra de adultos mayores.
La ley fue propuesta por un grupo bipartidista de legisladores estatales de Estados Unidos, en su mayoría de Texas, Nuevo México, California y Nueva York.
Aunque la iniciativa no llegó a ser formalmente debatida en ninguna cámara legislativa federal, sí atrajo atención nacional tras ser promovida por los opositores legales de Katy Perry en un sonado caso judicial en California.
El objetivo del proyecto era prevenir abusos financieros hacia adultos mayores, proponiendo, entre otras medidas, un período de reflexión de 72 horas en la compraventa de propiedades donde una de las partes tuviera más de 75 años.
Durante ese lapso, cualquiera de los involucrados podía desistir del contrato sin sanción alguna. La propuesta buscaba evitar que adultos mayores especialmente aquellos con deterioro cognitivo o bajo tratamiento médico firmaran acuerdos de alto valor sin una adecuada comprensión de sus implicaciones.
El caso Carl Westcott: cuando la oferta supera la intención
Uno de los ejemplos más emblemáticos que impulsó esta iniciativa fue el caso de Carl Westcott, empresario de 85 años diagnosticado con la enfermedad de Huntington en 2015. Westcott había adquirido una propiedad en Santa Bárbara por 11.25 millones de dólares en mayo de 2020. Poco después, recibió una oferta de 15 millones por parte de Katy Perry y su prometido Orlando Bloom.
El contrato fue firmado apenas unos días después de que Westcott se sometiera a una cirugía de espalda de seis horas. Según documentos judiciales, el empresario presentaba síntomas de delirio posoperatorio y se encontraba bajo tratamiento con opioides, lo que, alegaron sus abogados, afectó su capacidad de tomar decisiones informadas.
A pesar de su demanda para anular la venta, un juez determinó en 2023 que Westcott había firmado en pleno uso de sus facultades. La decisión fue ratificada oficialmente en mayo de 2024, cuando Perry inscribió la escritura de propiedad ante las autoridades correspondientes, según reportó The Wall Street Journal.
Las monjas del convento: otro capítulo polémico en la vida de Katy Perry
La historia con Westcott no fue la primera vez que Perry se enfrentaba a personas mayores en disputas inmobiliarias. En 2013, mostró interés en adquirir el convento de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María, ubicado en Los Ángeles.
Aunque la Arquidiócesis aprobó la venta a Perry, las monjas —quienes residían en el lugar— preferían venderlo a una empresaria local.
La disputa se volvió legal, y aunque Perry ganó el derecho de compra en 2017, una de las condiciones era reubicar la Casa de Oración del convento, algo que nunca logró concretar. El contrato caducó en 2019, según The Hollywood Reporter. La historia tomó un giro trágico cuando una de las monjas colapsó y murió durante una audiencia judicial en 2018.
Katy Perry: ¿Una ley con nombre de estrella pop?
La Ley PERRY no fue redactada por el Congreso ni por alguna cámara estatal formal, pero sí existió como propuesta cívica, alojada en un sitio web que promovía su adopción. A pesar de que la página ya está fuera de línea, aún se puede encontrar una petición activa en Change.org que la respalda, con más de 350 firmas verificadas.
El texto de la ley citaba no solo el caso de Perry, sino otros ejemplos de ventas predatorias, como el de adultos mayores que cedieron sus viviendas a compañías como We Buy Ugly Houses por valores inferiores al mercado. Según datos citados por sus promotores, en 2020 más de 93 mil personas mayores de 60 años denunciaron fraudes financieros, con pérdidas que superaron los 500 millones de dólares.
La medida, en esencia, buscaba introducir herramientas de protección legal ante el creciente número de casos donde adultos mayores enfrentan decisiones financieras críticas en condiciones de vulnerabilidad.
Katy Perry nunca emitió comentarios públicos sobre la propuesta de ley que lleva su nombre, aunque ha sido tema de debate en redes sociales y programas de análisis legal.
Fuente: Excelsior.
