La expulsión del embajador de México en Perú, Pablo Monroy, aunó un nuevo capítulo a la crisis diplomática entre ambas naciones tras la destitución del ex presidente peruano, Pedro Castillo, por el intento de autogolpe de Estado y huida de su país.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) – quien se solidarizó con Castillo Terrones – tachó como “arbitraria” esta medida que obligó a su diplomático a abandonar la nación en 72 horas.
Pese a que el Jefe del Ejecutivo aseguró que la relación bilateral no será quebrantada por la crisis, avisó que su Gobierno tomará acciones en referencia al artículo 33 Constitucional, referentes a la expulsión de extranjeros por intromisión en asuntos políticos. Esto, a fin de encarar los reclamos con los que la cancillería peruana justificó la expulsión de Monroy: las expresiones que las más altas autoridades de México emitieron de la situación política peruana.
En ese sentido, Andrés Manuel aseveró que su administración buscará reformar dicha cláusula. Esto, no sin antes negar (de nueva cuenta) haber intervenido en la crisis de Perú: y comparar sus pronunciamiento con los actos de Estados Unidos (EEUU) “La embajadora de EEUU intervino de manera directa. Nosotros damos a conocer nuestra postura”.
“Vamos a tomar medidas contrarias completamente. Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a a hacer. Vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución”, aseveró en su conferencia de este 21 de diciembre.
México regulará proceso de expulsión de extranjeros
Según lo planteado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la propuesta buscará reformar el segundo párrafo del artículo 33 constitucional por considerarla como “una herramienta para coartar la libertad de expresión de las personas extranjeras en México”.
“Ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o manifestación. Ha sido utilizada para deportar o expulsar en el pasado a profesores, investigadores. Hay el antecedente de un embajador”
En ese sentido, el funcionario federal afirmó que algunas expulsiones reportadas en sexenios anteriores (2006-2012 y 2012-2018) fue en razón de los pronunciamientos de carácter político o social que derivó en su deportación inmediata ordenada por el Instituto Nacional de Migración (INM), tales como la del embajador de Corea del Norte, Kim Hyiong Gil, o la española Cristina Valls.
Ante ello, López Hernández informó que la administración federal buscará modificar una minuta enviada hace cinco años al Congreso con el objetivo de revocar al INM la capacidad de acceder a las expulsiones fast track. A ello, señaló que la opinión jurídica aún abogará por el planteamiento para instaurar una previa audiencia a la o el extranjero señalando, siendo la Segob la encargada de garantizarla.
El recurso, finalizó, será entregado el martes 26 de diciembre con el objetivo de someterlo a votación para el próximo periodo ordinario.
Fuente: Infobae.
