La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alertó este jueves que, desde el inicio de la era moderna de la pena de muerte en 1973, Estados Unidos ha ejecutado al menos a 21 personas “probablemente inocentes”, la mayoría de ellas afroamericanas y latinas.
Según el estudio Fatal flaws: Innocence, race and wrongful convictions, más de la mitad de los casos —11 en total— corresponden a integrantes de minorías raciales, y en 16 de las ejecuciones la víctima era blanca, un patrón que, según la organización, refleja profundas desigualdades en el sistema de justicia penal.
El informe destaca casos emblemáticos como el de Carlos DeLuna, ejecutado en Texas en 1989 tras ser identificado erróneamente como el asesino de una empleada de gasolinera, crimen que en realidad había cometido otro hombre llamado Carlos Hernández. Asimismo, menciona la ejecución del afroamericano Leo Jones, condenado por un jurado compuesto únicamente por personas blancas en Florida en 1998, basándose en una confesión obtenida bajo coerción.
La ACLU también subraya que al menos 200 personas condenadas a muerte han sido exoneradas, de las cuales 108 eran afroamericanas, un dato que revela que este grupo tiene siete veces más probabilidades de enfrentar una sentencia errónea. Entre los casos más notorios figura el de Glynn Simmons, quien permaneció 48 años en prisión antes de ser liberado en 2023 tras demostrarse su inocencia.
De acuerdo con el reporte, la principal causa de exoneraciones es la existencia de testimonios falsos, presentes en el 93.8% de los casos que involucran a personas latinas y en el 70.7% de los que involucran a afroamericanos. Otros factores incluyen mala conducta de fiscales y policías, identificaciones incorrectas, peritajes poco confiables y jurados sin diversidad racial.
“La pena de muerte está construida sobre bases profundamente racistas”, afirmó Megan Byrne, abogada sénior del Proyecto de Pena Capital de la ACLU.
El informe se publica en un momento en el que Estados Unidos registra 43 ejecuciones en lo que va de 2025, un incremento del 72% respecto al año anterior. Este aumento está impulsado principalmente por Florida, que suma 16 ejecuciones, rompiendo en julio su propio récord anual con nueve procedimientos.
