La audiencia realizada en el Cefereso No. 1 “El Altiplano” dejó al descubierto una compleja red de traiciones, vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presuntas ejecuciones extrajudiciales relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 3 de noviembre. Durante más de cinco horas, el Ministerio Público presentó evidencia que apunta a una operación planeada desde el interior del propio círculo de seguridad del edil.
De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, la orden para asesinar a Manzo provino del CJNG, que habría ofrecido 2 millones de pesos para consumar el crimen. Lo más grave, señalaron los fiscales, es que la organización criminal habría recibido información clave de uno de los escoltas del alcalde, quien presuntamente filtró datos sobre sus rutas y horarios, facilitando el ataque.
En la sala, los agentes expusieron mensajes telefónicos, testimonios y registros de llamadas que apuntan a una traición directa dentro del equipo de seguridad del edil. Según la Fiscalía, esa complicidad interna permitió que el operativo se ejecutara sin obstáculos y con pleno conocimiento de los movimientos de Manzo.
El juez determinó imponer prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato y enlace directo con el CJNG. También fueron vinculados y enviados a prisión siete escoltas del alcalde: Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar Osvaldo “N” y Monserrat “N”. Todos permanecerán recluidos mientras avanza el proceso judicial.
Uno de los momentos más impactantes de la audiencia fue la revelación sobre la muerte del presunto autor material del ataque, el joven de 17 años, Víctor Manuel Ubaldo. La Fiscalía aseguró que el menor fue ejecutado con la misma arma con la que se asesinó al alcalde, y que la bala que lo mató provino del arma de uno de los escoltas, quien habría disparado incluso cuando el joven ya se había rendido. Esta línea de investigación apunta a una posible ejecución extrajudicial, lo que podría ampliar los delitos imputables a los escoltas involucrados.
Los fiscales también afirmaron que el menor participó bajo presión del crimen organizado y que su ejecución buscaba eliminar testigos clave que pudieran esclarecer la cadena de mando detrás del homicidio.
La audiencia, que se desarrolló con estrictas medidas de seguridad, concluyó con la programación de una nueva sesión para el 26 de noviembre, donde se presentarán más pruebas periciales y testimonios. Las autoridades esperan que estos elementos permitan reconstruir completamente la operación criminal y determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los implicados.
El caso sigue sacudiendo a Michoacán y al país, al exhibir presuntos vínculos entre el crimen organizado y funcionarios del entorno más cercano de un alcalde en funciones, revelando una estructura de infiltración que, según los expertos, podría replicarse en otros municipios de la región.
