Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el robo de combustibles conocido como huachicol alcanzó niveles históricos que representaron pérdidas económicas por 24 mil 850 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones del Observatorio Ciudadano de Energía.
Según Francisco Barnés de Castro, presidente de este organismo, dicha cantidad habría sido suficiente para cubrir el costo de la refinería de Dos Bocas o liquidar la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores.
“Estos recursos podrían haber pagado la deuda de Pemex o incluso la refinería de Dos Bocas”, afirmó durante un webinar organizado por el ITAM.
Las cifras revelan un impacto directo para Pemex de 17 mil 300 millones de dólares y una pérdida fiscal para el gobierno de 7 mil 550 millones de dólares en impuestos no recaudados por el robo de gas LP, diésel, turbosina y crudo, así como por el llamado “huachicol fiscal”.
En 2024, el robo de crudo alcanzó un récord de 109 mil barriles diarios, lo que representa cerca del 6% de la producción nacional de Pemex. El robo de diésel generó pérdidas fiscales por 4 mil 600 millones de dólares, tan solo en IEPS e IVA. Por su parte, el robo de gas LP representa el 11% de la producción, agravado por más de 10 mil tomas clandestinas registradas en el último año del sexenio.
Alejandra León, directora asociada de investigación en S&P Global Commodity Insights, advirtió que la infraestructura de Pemex es vulnerable y señaló la posible complicidad de trabajadores de la empresa en estas actividades ilícitas.
Deuda con proveedores, otra crisis para Pemex
A la par del robo de hidrocarburos, Pemex enfrenta una deuda creciente con sus proveedores, que ha llegado a los 400 mil millones de pesos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó esta situación como “insostenible”, pese a los pagos realizados por 147 mil millones de pesos en lo que va del año.
En un comunicado del 10 de julio, Coparmex alertó que la falta de pagos afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) del sector energético en regiones como Ciudad del Carmen, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde muchas enfrentan una crisis financiera severa.
Durante su visita a Ciudad del Carmen a finales de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que Pemex comenzaría a regularizar sus pagos en julio. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) advirtió que la falta de liquidez ya ha frenado operaciones y pone en riesgo la viabilidad de múltiples empresas.
“El flujo de caja de muchas compañías está comprometido; si no se actúa pronto, habrá cierres y pérdida de empleos”, alertó Rafael Espino de la Peña, presidente de AMESPAC.
El panorama actual, marcado por el robo sistemático de hidrocarburos y una deuda creciente con proveedores, evidencia la urgencia de aplicar medidas efectivas y transparentes para frenar la sangría financiera en Pemex y garantizar la estabilidad del sector energético mexicano.
