Con 76 votos a favor y 37 en contra, el pleno del Senado aprobó en lo general las reformas a la Ley General de Salud que prohíbe la adquisición, producción, fabricación, importación, exportación, venta y suministro de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
El dictamen establece de manera explícita que ni el consumo, ni la posesión para uso personal constituirán una infracción. Se prevén sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA (alrededor de 226 mil 280 pesos) a quienes desacaten el ordenamiento.
Las sanciones aplicarán únicamente para quienes, con fines de comercio o lucro, busquen adquirir, distribuir, transportar o almacenar vapeadores y cigarrillos electrónicos.
“Solamente aquellos que producen, comercializan y obtienen lucro indebido de ellos son los que van a ser sancionados”, señala el documento aprobado.
Alertan riesgos a la salud por vapeo
El presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que datos recientes muestran que el vapeo sigue siendo el producto de nicotina más usado entre jóvenes: por lo menos 1.63 millones de estudiantes se reportaron en 2024 como un brote masivo de este consumismo.
“En México, los instrumentos de vigilancia identifican uso entre adolescentes y adultos. Estos números representan miles de jóvenes en riesgo de dependencia por nicotina y de daño por desarrollo cerebral; los atractivos sabores, la publicidad y la facilidad de acceso han convertido a los vapeadores en una puerta de entrada a la dependencia”, explicó.
Destacó que por esas razones se propone prohibir la venta y distribución de vapeadores; “paralelamente, proponemos reforzar la fiscalización contra el comercio ilícito, implementar campañas de prevención dirigida a jóvenes y ofrecer programas de cesación basados en la evidencia para adultos fumadores”.
En tanto, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que la evidencia muestra un incremento acelerado del consumo de vapeadores entre adolescentes, pese a que contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que dañan pulmones y sistema cardiovascular.
“El Estado no invade la vida privada, cumple su obligación de prevenir riesgos y no ser omiso ante un mercado que actúa deliberadamente sobre población vulnerable”, añadió.
Con Información de Milenio
