En medio de una crisis humanitaria que avanza sin freno, el Senado de la República mantiene detenida desde hace más de cuatro años la aprobación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, una normativa considerada esencial para brindar protección a miles de familias que huyen cada año de la violencia criminal.
A pesar de los llamados de organizaciones civiles, académicos y víctimas, la minuta permanece congelada desde 2020, sin que los legisladores hayan mostrado avances significativos para desbloquear su discusión. Esto ocurre mientras los desplazamientos por violencia aumentan en varias regiones del país, especialmente en estados como Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Michoacán y Sinaloa.
Una crisis creciente sin reconocimiento oficial
Actualmente, México no cuenta con una ley federal que reconozca y atienda a los desplazados internos, lo que implica que el Estado no está obligado a registrar, proteger ni reparar a las personas que abandonan sus hogares por amenazas, extorsiones, conflictos territoriales o enfrentamientos armados.
Especialistas señalan que esta ausencia normativa coloca a las víctimas en un estado de total vulnerabilidad, ya que no existen mecanismos claros para garantizar su acceso a salud, educación, vivienda temporal, apoyo psicológico o reintegración comunitaria.
Más de 100 mil personas han sido desplazadas en el país en los últimos años, de acuerdo con informes académicos y de organizaciones defensoras de derechos humanos. Solo en 2024 se documentaron al menos 28 mil 900 desplazados internos, un aumento del 129 % respecto a registros previos.
Lo que propone la ley congelada
La iniciativa de ley —ya aprobada en la Cámara de Diputados pero estancada en el Senado— contempla:
- La creación de un Registro Nacional de Personas Desplazadas Internas.
- Un Programa Nacional de Prevención, Atención y Reparación Integral.
- Un Fondo Nacional destinado a la asistencia de víctimas.
- Responsabilidad directa de autoridades federales y estatales en la atención de emergencias de desplazamiento.
- Protocolos de actuación inmediata para evitar que familias queden a la deriva al abandonar sus comunidades.
Sin esta legislación, no hay presupuesto asignado ni instancias obligadas a responder.
Niños, indígenas y comunidades rurales: los más afectados
Expertos en derechos humanos advierten que las principales víctimas del desplazamiento son niñas, niños, mujeres e integrantes de comunidades indígenas, quienes enfrentan doble discriminación y graves obstáculos para reanudar su vida en los lugares donde buscan refugio.
Las familias desplazadas suelen perder todo: vivienda, patrimonio, identidad comunitaria, trabajos y acceso a salud y educación. Muchos menores dejan de asistir a la escuela durante meses o años.
Estados avanzan… sin respaldo federal
Ante la inacción legislativa, cinco entidades han optado por avanzar por cuenta propia. Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca ya cuentan con leyes estatales de atención al desplazamiento forzado, aunque especialistas sostienen que estas medidas son insuficientes sin un marco federal que coordine acciones y garantice recursos.
Organizaciones exigen al Senado desbloquear la iniciativa
Colectivos como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y académicos de diversas universidades han insistido en que el Senado debe reactivar de inmediato la discusión, pues la falta de reconocimiento legal impide dimensionar la crisis y atenderla con políticas públicas serias.
“El desplazamiento forzado interno es una tragedia silenciosa que avanza sin respuesta institucional”, alertan.
Mientras tanto, miles de mexicanos continúan huyendo de sus hogares sin que exista una ley que los ampare.
