El Senado reforzó la seguridad y restringió el acceso al recinto en los días previos a la votación de la Ley de Aguas, generando un ambiente de tensión entre legisladores, organizaciones civiles y medios de comunicación.
Las medidas incluyen controles más estrictos en entradas y áreas internas, con el objetivo de garantizar que la sesión transcurra sin incidentes durante la aprobación del polémico dictamen.
El cierre de filas en el Senado refleja la importancia política de la iniciativa y la polarización que ha generado entre distintos sectores, incluidos campesinos, activistas y partidos de oposición.
