En Cajeme, durante años, la corrupción fue más un rumor tolerado que un problema realmente enfrentado.
Por eso no es menor que hoy una investigación administrativa haya confirmado la existencia de irregularidades dentro del propio gobierno municipal. Al contrario, es una señal que vale la pena subrayar.
La Unidad de Responsabilidades Administrativas determinó que sí ocurrieron los hechos denunciados por la asociación Cajeme ¿Cómo Vamos?, en contra del exdirector de Presupuesto y Gasto Público del Ayuntamiento de Cajeme.
Aquí no hubo suposiciones ni especulaciones.
La autoridad investigadora encontró indicios de contratos, posibles vínculos familiares y probables faltas administrativas, lo que dio pie a que el caso avanzara a la etapa formal de investigación.
Ese solo hecho ya marca una diferencia frente a otros casos denunciados en el pasado, que nunca pasaron del papel.
Lo relevante es que la investigación avanzó.
El funcionario señalado fue suspendido temporalmente de su cargo, mientras el expediente continúa su ruta legal hacia las audiencias correspondientes dentro del procedimiento por faltas administrativas.
Esto indica que, al menos en esta etapa, no hubo intervención política para cerrar el caso, como tantas veces ocurrió anteriormente.
El escenario que enfrenta ahora el gobierno municipal no es menor.
Se habla de contratos por alrededor de 3.9 millones de pesos, presuntamente otorgados a familiares directos mediante adjudicaciones.
Un tema incómodo para cualquier administración.
Y aun así, el proceso ha seguido su curso.
El propio alcalde Javier Lamarque ha insistido en que el procedimiento debe apegarse estrictamente a la ley y que no habrá protección para nadie en caso de confirmarse responsabilidades.
Por lo pronto, el expediente no ha sido archivado.
El caso sigue abierto.
Sin embargo, todavía falta camino por recorrer.
Falta el derecho de audiencia, la resolución del tribunal administrativo y eventualmente conocer si habrá sanciones.
También queda pendiente revisar si hubo otros actores que debieron prevenir estos conflictos, aunque el ahora exfuncionario tenía precisamente la responsabilidad de supervisar ese tipo de procesos.
Por ahora, el mensaje es claro:
La investigación sigue viva.
No ha sido enterrada.
Y el proceso deberá llegar hasta sus últimas consecuencias.
Aquí veremos si en Cajeme comienza a consolidarse una lógica básica, pero indispensable en cualquier gobierno:
Que caiga quien tenga que caer, sin importar de dónde venga.
Les saluda, como siempre,
Rosa Lilia Torres.
