Veinticuatro personas murieron.
Quince más resultaron lesionadas.
Y aunque ya hay imputados, el caso del incendio en la tienda Waldos de Hermosillo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, avanza en medio de decisiones judiciales que hoy generan indignación.
Ayer se llevó a cabo una audiencia clave.
Inició el 13 de enero a las 9:30 de la mañana y concluyó el 14 de enero a las 3:20 de la madrugada.
Casi dieciocho horas de audiencia.
Durante ese proceso, el Ministerio Público imputó de forma diferenciada a ocho personas físicas y también a la empresa como persona moral, a través de su representante legal.
Los delitos señalados son:
- homicidio culposo
- aborto
- lesiones
- daños
- uso de documento falso
- incumplimiento de un deber legal
Aquí es importante aclarar algo.
La imputación no significa condena.
Significa que ya existe un señalamiento formal ante un juez con datos suficientes para iniciar el proceso penal. Pero el caso aún debe sostenerse y probarse.
Lo que encendió la discusión pública fue la decisión del juez respecto a las medidas cautelares.
La mayoría de los imputados enfrentará el proceso en libertad.
¿La razón?
El juez consideró que existe arraigo, que los acusados se presentaron voluntariamente, que no hay indicios de que puedan huir u obstaculizar la investigación, y que por ahora no se justifica la prisión preventiva.
Por ello, se impusieron medidas como:
- presentación periódica ante la autoridad
- garantía económica
- prohibición de salir del país sin autorización judicial
En otras palabras: están imputados, pero regresan a casa con restricciones.
Sin embargo, hay una excepción importante.
Se trata de José Luis “N”, responsable jurídico de la empresa Waldos.
A él sí se le impuso prisión preventiva justificada, por la imputación relacionada con uso de documentos falsos en trámites ante autoridades municipales y estatales, además de posibles omisiones vinculadas a su cargo.
Pero esa medida no pudo ejecutarse.
¿Por qué?
Porque el imputado cuenta con una suspensión de amparo.
Es decir, el juez ordenó prisión preventiva, pero legalmente no puede aplicarse por ahora debido a esa suspensión.
La Fiscalía de Sonora anunció que combatirá ese amparo para que la medida pueda ejecutarse.
Después de esta audiencia, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, algo común cuando se busca más tiempo para preparar argumentos.
Por ello, la audiencia clave quedó fijada para el 19 de enero, cuando el juez decidirá si vincula o no a proceso a los imputados.
Y aquí hay algo que la ciudadanía debe entender:
La vinculación a proceso tampoco es una sentencia.
Pero sí es una decisión crucial.
Si el juez considera que existen elementos suficientes, el caso avanza a una etapa más sólida con una investigación complementaria.
Si no se logra la vinculación, el caso puede empezar a debilitarse.
Y el proceso todavía está lejos de terminar.
Hay tres personas más con órdenes de aprehensión ya ejecutadas que deberán comparecer el 29 de enero.
Además, doce individuos judicializados cuentan con suspensiones derivadas de amparo y están en espera de ser citados a audiencia.
A esto se suman dos personas que permanecen prófugas.
La Fiscalía del Estado de Sonora asegura que continúa trabajando para llevar ante los tribunales tanto a quienes cuentan con amparo como a quienes se encuentran evadiendo la justicia.
Incluso, desde el 24 de diciembre de 2025, se envió un desglose a la Fiscalía General de la República para investigar posibles delitos del ámbito federal contra quien resulte responsable.
Hoy, el caso se encuentra en un punto delicado.
Hay imputaciones.
Hay medidas cautelares.
Hay una orden de prisión que no se ejecuta por un amparo.
Hay más personas pendientes de comparecer.
Y una fecha clave: 19 de enero.
Pero la pregunta de fondo no es si ya hubo audiencia.
La pregunta real es otra:
¿Habrá justicia proporcional a 24 muertes y 15 personas lesionadas?
¿Son suficientes estas medidas cautelares en un caso de esta magnitud?
¿Por qué la mayoría enfrenta el proceso en libertad?
¿Y qué tan firme llega la Fiscalía para sostener este caso hasta una sentencia?
¿Quién responderá por lo ocurrido?
¿La empresa… o nadie?
¿Esto terminará en un castigo real…
o se desgastará con el tiempo, como tantos casos que terminan olvidados?
La pregunta final es para usted.
¿Esto le parece justicia?
Soy Rosa Lilia Torres, periodista y abogada.
Le saludo. Comparta.
