Por Rosa Lilia Torres
Hermosillo no solo está de luto. Está herido.
Una tienda Waldos, en pleno corazón del centro de la ciudad —entre las calles Doctor Noriega y Matamoros— se convirtió en una trampa de fuego.
Primero una explosión.
Después el incendio.
Luego el caos.
Gente corriendo, gritos, humo, ropa en llamas… y finalmente el conteo de víctimas.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó que 23 personas murieron. En las primeras horas se hablaba de 14 fallecidos, después de 20, y conforme avanzaron las labores de rescate la cifra aumentó.
Entre las víctimas hay mujeres, trabajadores, menores de edad. Personas que simplemente estaban comprando, trabajando o acompañando a alguien en un sábado por la tarde.
El comandante de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, relató que fue necesario ingresar al inmueble porque había muchas personas atrapadas. Fue un trabajo largo y complicado.
Pero también dejó claro algo inquietante: hubo tiempo para que la tragedia creciera.
No fue un flamazo de segundos.
Fue un fuego que se extendió mientras la gente buscaba cómo salir.
La Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro. El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que, hasta ahora, no existen indicios de que el incendio haya sido intencional, aunque ninguna línea de investigación está descartada.
Los primeros peritajes indican que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de gases tóxicos, no por quemaduras directas.
Eso habla de humo, encierro y tiempo.
Tiempo que las personas pasaron intentando escapar.
Pero mientras las investigaciones avanzan, la pregunta que se hace Hermosillo es otra:
¿Dónde estaba Protección Civil Municipal antes de la tragedia?
¿Quién supervisó ese local?
¿Había manejo de gas, material inflamable o instalaciones eléctricas deficientes?
¿Existían salidas de emergencia libres y señalizadas?
¿O fue lo de siempre?
Permisos que se firman, negocios que abren…
y autoridades que no supervisan.
Y aquí no se trata de una opinión.
La Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, publicada el 11 de junio de 2018, es clara.
El Artículo 8 obliga a los ayuntamientos a integrar su sistema municipal de protección civil, realizar inspecciones y verificar que los establecimientos cuenten con planes internos y rutas de evacuación.
El Artículo 9 establece que los municipios deben realizar simulacros, ejecutar medidas de seguridad y aplicar sanciones a quienes incumplan.
Y el Artículo 10 va más allá: señala que los presidentes municipales deben prevenir, controlar y responder de inmediato ante situaciones de riesgo o desastre dentro de su territorio.
La prevención no es opcional.
Es la ley.
Si un establecimiento en el centro de Hermosillo operaba sin condiciones seguras, eso no es una falla técnica: es una violación directa a la ley.
Y esta historia suena dolorosamente conocida.
Porque Hermosillo ya vivió una tragedia que marcó al país entero: el incendio de la Guardería ABC en 2009.
Ahí también hubo omisiones, inspecciones simuladas y permisos otorgados sin control.
Murieron 49 niños.
Y más de una década después, ningún funcionario de alto nivel está en prisión.
Hoy, otra vez Hermosillo.
Otra vez el fuego.
Otra vez vidas perdidas.
La negligencia cuesta caro…
pero casi nunca tiene castigo.
Los bomberos hicieron lo que tenían que hacer: entrar, combatir el incendio y evitar que se propagara a otros comercios.
Cumplieron su deber.
Pero los bomberos no hacen inspecciones,
no autorizan negocios,
ni pueden cargar con la culpa de un sistema que solo actúa después del desastre.
Hermosillo hoy se va a dormir con familias destruidas.
Niños que no volverán a casa.
Madres que murieron trabajando.
Una ciudad que incluso suspendió los eventos del Día de Muertos, porque el dolor fue demasiado grande para seguir como si nada.
Pero el duelo no puede tapar la verdad.
La gente tiene derecho a saber:
¿Cuándo fue la última inspección a ese local?
¿Quién la firmó?
¿Se detectaron riesgos y alguien los dejó pasar?
¿Por qué había tantas personas dentro sin rutas de salida claras?
Porque si al final todo se reduce al clásico:
“Fue un accidente… no se pudo evitar”.
Entonces lo que estamos aceptando es que cualquiera puede morir haciendo una compra en el centro de Hermosillo y nadie será responsable.
Hermosillo está de luto, sí.
Pero también tiene derecho a nombres, fechas y documentos.
A saber quién autorizó, quién no revisó y quién miró hacia otro lado.
Porque estas 23 personas no murieron solo por el fuego.
Murieron también por la negligencia.
Mientras tanto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que se realizará una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las causas y determinar responsabilidades.
Que así sea, gobernador.
Porque Sonora —y otra vez Hermosillo— exige la verdad y la justicia.
Soy Rosa Lilia Torres.
