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#SinFiltros: Waldo’s, una tragedia anunciada

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🔴Waldo’s: Una tragedia anunciada El incendio que cobró 23 vidas en Hermosillo no fue un accidente, sino el resultado de años de omisiones y fallas que nunca se corrigieron. Desde 2009, el riesgo era visible. ✍️ Por Rosa Lilia Torres

♬ sonido original – Rosa Lilia Torres

El incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que dejó 23 personas muertas y dos heridas, no fue un accidente imprevisible. Fue el desenlace de años de omisiones, instalaciones irregulares y autoridades que miraron hacia otro lado, aun cuando el riesgo estaba a la vista.

Y el problema no comenzó con Waldo’s. Comenzó antes.

En 2009, el mismo local operaba bajo el nombre de ACACI, y ya entonces el peligro era evidente: un transformador eléctrico dentro del área de ventas, visible desde la calle, sin cuarto técnico, sin muros cortafuego, sin puerta metálica y rodeado de mercancía inflamable.

Esa instalación violaba la NOM-001-SEDE 2005 y también la NOM-001-SEDE 2012, específicamente el capítulo 450, que prohíbe colocar transformadores en zonas donde circula el público y exige cuartos exclusivos, con muros resistentes al fuego, ventilación al exterior y acceso restringido.

Es decir, desde 2009 esa instalación ya era ilegal.

Años después llegaron nuevos socios. Grupo Visión invirtió en Waldo’s, tomó el control e integró también la marca Eleczion, profesionalizando el negocio y expandiendo sus sucursales en todo México.

Pero en Hermosillo el riesgo no cambió.

Las imágenes de 2014, 2018 y 2021 muestran exactamente lo mismo: fachadas remodeladas, señalética nueva, pintura reciente… pero el transformador seguía en el mismo lugar.

La marca cambió.
Los socios cambiaron.
Los gobiernos cambiaron.

Pero el riesgo nunca se corrigió.

La Ley de Protección Civil del Estado de Sonora, vigente desde 2013, establece que todo establecimiento debe contar con un Programa Interno de Protección Civil autorizado por la autoridad. Si existe un riesgo, el negocio debe suspenderse o clausurarse.

No corregir implica responsabilidad administrativa, pero también responsabilidad penal.

Y la supervisión debe ser permanente.

Sin embargo, tres administraciones estatales y varias municipales vieron esa instalación… y nunca ordenaron corregirla.

En 2019, Waldo’s obtuvo su programa interno de protección civil.
En 2020, se le revalidó.

Pero en 2021, la Coordinación Estatal de Protección Civil negó la autorización por incumplir medidas de seguridad.

El artículo 26 del reglamento estatal es claro: si el programa es negado y las irregularidades no se corrigen en un plazo de siete días, el establecimiento no puede operar.

Aun así, Waldo’s siguió abierto cuatro años más.

Esto revela una cadena de omisiones.

El Estado niega la autorización, pero no clausura.
El municipio no verifica.
La empresa continúa operando.

Y lo hace sabiendo que no tiene autorización.

No fue una confusión administrativa.
Fue una omisión institucional.

Además, el incendio de Hermosillo no es un caso aislado.

Desde 2007 se han registrado siniestros similares en tiendas Waldo’s en distintas ciudades del país: Acapulco, Cuautitlán Izcalli, Rosarito, Querétaro, Navolato, Mazatlán —dos veces—, Tijuana, Saltillo, Zacatecas, Escuinapa… y ahora Hermosillo.

Distintas ciudades.
El mismo tipo de incendio.

Esto no es coincidencia.
Es un patrón que se repite.

Legalmente, este caso podría encuadrarse en varias figuras previstas en el Código Penal de Sonora:

  • Homicidio culposo por omisión
  • Responsabilidad penal de la persona moral
  • Delitos contra la seguridad en lugares públicos (artículo 268)
  • Desobediencia a la autoridad, al continuar operando pese a una negativa oficial

La pregunta ya no es qué pasó en la tienda Waldo’s de Hermosillo.

La verdadera pregunta es cuántas tiendas de esta cadena siguen operando en el país con instalaciones irregulares.

Porque esto no fue un accidente.

Fue el resultado de una instalación ilegal que permaneció años, de una empresa que no corrigió, y de autoridades que no inspeccionaron ni suspendieron operaciones.

23 vidas se perdieron.
Nadie las va a devolver.

Pero la sociedad tiene derecho a saber quién permitió que esto ocurriera, quién está detrás de la empresa y por qué operó durante años al amparo de la omisión de las autoridades.

Porque desde 2005, cuando ya estaba vigente la norma eléctrica que prohibía este tipo de instalaciones en áreas comerciales, el riesgo ya estaba ahí.

Pasaron los años.
Nadie actuó.

Y el desenlace, hoy, es trágico.

Soy Rosa Lilia Torres,
con información de RTN Medios.

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