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Refuerzan vigilancia en Sonora tras captura de “El 01”; descartan reacciones violentas

Equipo RTN Medios

Tras la detención de Hugo “N”, alias “El 01”, considerado un objetivo prioritario y generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua, autoridades estatales y federales reforzaron las medidas de vigilancia en la región para prevenir posibles reacciones de grupos delictivos.

Durante rueda de prensa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que la captura de este presunto operador criminal representa un hecho relevante en materia de seguridad y confió en que tendrá un impacto positivo en la reducción de la violencia.

Realmente es un perfil de alto nivel criminal y, consecuentemente, esperamos que tenga un efecto positivo en el movimiento de la seguridad”, expresó.

El mandatario agregó que, ante acontecimientos de esta magnitud, las corporaciones de seguridad adoptan precauciones adicionales y mantienen un monitoreo permanente de la situación a través de la Mesa Estatal de Seguridad.

Por su parte, el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que autoridades federales desplegaron un operativo táctico tanto en Sonora como en Chihuahua para evitar enfrentamientos entre grupos rivales tras la captura del presunto líder criminal.

Precisó que en estas acciones participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, con vigilancia terrestre y aérea en las zonas donde “El 01” mantenía influencia.

El fiscal indicó que, hasta el momento, no se tiene registro de movimientos de grupos armados ni de hechos violentos relacionados con la detención, particularmente en la región donde operaba el ahora detenido.

Asimismo, recordó que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y que Hugo “N” ya fue imputado por diversos delitos.

De acuerdo con la información proporcionada, un juez le dictó prisión preventiva justificada, aunque se amplió el plazo constitucional a 144 horas para determinar su vinculación a proceso.

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