
El senador por Sonora, Iván Jaimes Archundia, lanzó un severo llamado de alerta al considerar que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, promovidos por el Gobierno Federal y respaldados por el partido oficial, podrían convertirse en un mecanismo de control editorial que pondría en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.
Durante su posicionamiento, el legislador calificó la propuesta como «un mecanismo silencioso y muy peligroso de control editorial y censura previa», al señalar que, bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias, se estarían imponiendo reglas que podrían influir directamente en la forma en que periodistas, conductores y medios de comunicación presentan la información.
Uno de los aspectos que más cuestionó fue la obligación de distinguir de manera explícita entre información y opinión. A juicio de Jaimes Archundia, esta medida constituye «una trampa», ya que obligaría a comunicadores y periodistas a precisar en tiempo real cuándo están informando hechos y cuándo expresan una opinión personal, una exigencia que, aseguró, resulta difícil de aplicar en espacios de análisis, entrevistas y transmisiones en vivo.
El senador sostuvo que la sobrerregulación puede convertirse en la antesala de la censura previa, una práctica que, recordó, está expresamente prohibida tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece que la libertad de expresión no puede estar sujeta a controles previos, sino únicamente a responsabilidades posteriores establecidas por la ley.
Finalmente, Iván Jaimes advirtió que imponer reglas tan específicas sobre los contenidos que pueden difundirse representa un cambio de fondo en la relación entre el Estado y los medios de comunicación. En su opinión, cuando una autoridad establece criterios detallados sobre cómo debe presentarse la información, deja de garantizar derechos y comienza a intervenir en las decisiones editoriales, lo que —afirmó— representa un riesgo para la independencia de la prensa y para el libre ejercicio del periodismo.