El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el gobierno federal “le debe mucho dinero” por las investigaciones en su contra realizadas antes de asumir el cargo, incluyendo la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago en 2022 y la indagatoria sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016.
Sus declaraciones ocurrieron en la Casa Blanca, tras revelarse que presentó reclamos administrativos por unos 230 millones de dólares en daños, según informó The New York Times.
“Desconozco la cifra exacta, pero el gobierno me debe mucho. Al final, la decisión pasa por mi escritorio”, señaló el mandatario, quien incluso bromeó con donar el dinero o usarlo para construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.
Reclamos bajo revisión del Departamento de Justicia
Hasta ahora, no existe claridad sobre el avance de los reclamos, aunque el proceso se encuentra bajo revisión del Departamento de Justicia (DOJ).
El caso genera potenciales conflictos de interés, ya que Todd Blanche, uno de los exabogados de Trump en el caso de Mar-a-Lago, funge actualmente como subprocurador general, mientras que Stanley Woodward, quien representó al asistente presidencial Walt Nauta, es procurador asociado.
Un vocero del DOJ aseguró que todos los funcionarios siguen las recomendaciones éticas de asesores de carrera para evitar irregularidades.
Antecedentes de los casos
Uno de los reclamos fue presentado en agosto de 2024, relacionado con la búsqueda en Mar-a-Lago que derivó en una acusación penal contra Trump, posteriormente retirada por el fiscal especial Jack Smith en noviembre pasado, debido a la norma que impide acusar a un presidente en funciones.
El segundo reclamo se vincula con la investigación sobre la interferencia rusa en 2016, tema que Trump considera parte de una “persecución maliciosa” impulsada por la administración de Joe Biden.
Un caso inédito
Durante una reciente aparición pública, Trump ironizó sobre su situación legal:
“Tenía una demanda que iba muy bien, y cuando me convertí en presidente pensé: ‘¿Me estoy demandando a mí mismo?’”.
Los reclamos forman parte de un proceso administrativo que busca evitar litigios judiciales, pero el hecho de que el propio presidente pudiera decidir sobre su compensación abre un precedente legal sin comparación en la historia de Estados Unidos.
