La comunidad inmigrante de Tucson respondió con movilizaciones masivas luego de que agentes del ICE detuvieran a 46 personas de origen mexicano en redadas realizadas el viernes por la mañana en diversos restaurantes y viviendas.
Las detenciones se llevaron a cabo bajo 16 órdenes de cateo ejecutadas en distintos vecindarios del sur de Arizona —incluyendo zonas de Tucson, Marana, South Tucson, Valencia y Midtown— como parte de una investigación contra supuestas “violaciones migratorias y fiscales”.
Ante el operativo, la comunidad organizó tres protestas distintas esa misma noche:
- una reunión de defensa comunitaria en un local conocido como Yolia Botanica;
- una vigilia frente al restaurante Taco Giro en Grande Avenue —donde agentes rociaron gas pimienta sobre manifestantes y la congresista Adelita Grijalva—;
- y una concentración de casi 100 personas frente al edificio federal en el centro de Tucson.
Organizadores defienden que quienes fueron detenidos “no son criminales, son personas que nos alimentan”, pues muchos estaban trabajando en restaurantes en el momento del operativo.
Por su parte, autoridades locales criticaron duramente la acción. El concejal del Distrito 3 calificó las tácticas como “indignantes” y deploró la colaboración del IRS con ICE, al considerar que redirige atención de grandes evasores fiscales para perseguir a pequeños negocios y trabajadores.
La unidad de policía municipal aclaró que no participó en las redadas —su intervención se limitó al control de tráfico— y condenó lo que describió como un uso desproporcionado de la fuerza.
La serie de detenciones y manifestaciones en Tucson revela el profundo impacto de las políticas de migración en comunidades latinas, y reaviva el debate sobre derechos civiles, debido proceso y trato digno a migrantes.
