El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas Petroleum y otras cuatro compañías vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, una zona administrada por el Reino Unido, pero cuya soberanía reclama Argentina.
La denuncia fue presentada por el canciller argentino Pablo Quirno, con el respaldo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y señala a Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. Argentina sostiene que estas empresas operan mediante licencias otorgadas por las autoridades de las islas, permisos que Buenos Aires considera ilegales porque no cuentan con autorización del Estado argentino.
El principal proyecto involucrado es Sea Lion, un desarrollo petrolero ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Malvinas y operado por Navitas, que posee el 65 por ciento, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35 por ciento restante.
Las compañías tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y tienen previsto comenzar la producción petrolera en 2028. El proyecto contempla infraestructura offshore y una primera etapa con una inversión de miles de millones de dólares.
Pero Argentina no solamente pretende responsabilizar a las empresas.
El Gobierno anunció que también buscará identificar a directores, gerentes, administradores, representantes y cualquier otra persona que haya participado en las decisiones relacionadas con estas operaciones, por considerar que pudieron intervenir en actividades hidrocarburíferas no autorizadas bajo la legislación argentina.
