La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral no comenzaron con Guadalupe Taddei, sino que podrían remontarse a décadas atrás, con una estructura empresarial vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
De acuerdo con investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, empresas relacionadas con esta red habrían obtenido más de 2 mil 740 millones de pesos en contratos electorales entre 2014 y 2025, mediante operaciones con organismos electorales de 23 entidades del país.
Las indagatorias señalan posibles irregularidades como simulación de competencia, empresas intermediarias, vínculos societarios y presuntos prestanombres. La investigación también rastrea antecedentes de los involucrados desde dependencias como el Registro Nacional de Población y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, durante las décadas de los ochenta y noventa.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 40 personas y empresas relacionadas con el caso a su lista de personas bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
La Auditoría Superior de la Federación, por su parte, anunció que ampliará las revisiones para examinar contratos del IFE, el INE y organismos electorales locales durante los últimos 25 años.
